viernes, 19 de febrero de 2010

Inseguridad social y democrática


A la confusión creada por los famosos decretos de la emergencia social -malintencionados y perversos, no me cabe duda-, que pretendían componerles las cuentas a los multimillonarios negociantes de las EPS, en cambio de corregir los desastres ocasionados por la ley 100 en los servicios de salud de los colombianos, sumamos ahora dos escándalos que tienen que ver con el tema: 1) la contratación de "asesores" -de las mismas EPS- para la elaboración de dichos decretos que va en más de 2 mil millones de pesos gastados, según denuncias de la semana pasada; y 2), el de hoy, la EPS más grande del país -Saludcoop- se gastó 670 mil millones de pesos en cualquier cosa, menos en la atención directa de los ciudadanos con derecho a la salud, según acusaciones de la Superintendencia Nacional de Salud. La misma entidad dice que la EPS tendría que devolver ese dinero. ¿Se dan cuenta? No son acusados de ladrones, no serán llevados a la cárcel por semejante desfalco a algo tan importante como el sistema de salud de un país; no, tendrán la oportunidad de "devolver" el dinero. ¿Lo devolverán? Amanecerá y veremos.
¿Le cabe a usted semejante cifra en la cabeza? He ahí el meollo del asunto, para dónde es que va la platica que los contribuyentes y cotizantes le entregamos al sistema. Ahora, esto ya no nos suena extraño, pero da cuenta de algo que muchos hemos entendido: la salud en Colombia no es un derecho humano fundamental exigible al Estado: es un negocio arreglado desde el gobierno para unos cuantos particulares.
En un país decente, con una democracia fortalecida en sus instituciones, el presidente o, incluso el partido de gobierno, habrían exigido, como mínimo, la renuncia del ministro encargado de estos asuntos. Pero como vivimos bajo el reinado del uribato, lo que vemos es al presidente en todos los medios defendiendo los decretos, regañándonos y acusándonos de ignorantes y brutos porque, según él, no hemos entendido las grandiosas "bondades" que con tanto esfuerzo intelectual han puesto sus asesores en esas normas.
Si a lo anterior agregamos que, según el último informe de American Human Rights, el embeleco de la Seguridad Democrática lo que ha hecho es incrementar la violencia y el desplazamiento en el país, me parecen unos zánganos indolentes esos candidatos del partido de marras que vienen a pedir que voten por ellos dizque para "mantener y mejorar lo que hemos logrado con el gobierno de Uribe Vélez".
Más bien ¡que el uribismo responda por la injusticia y el abandono estatal a los más necesitados en los últimos siete años y pico de gobierno!

Grafito pintado por jóvenes en las calles del centro en Bogotá. Más claro no canta un gallo, dicen los abuelos.
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